¿CÓMO FUNCIONAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS?

El empleo de fondos públicos para la recogida de animales y sus recovecos

For English here

En primer lugar, es necesario saber a quién corresponde la responsabilidad de organizar y supervisar el servicio de recogida de animales abandonados. Hemos de distinguir si el municipio tiene capacidad para tener su propio servicio de recogida, capacidad que se presume en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, siendo el ayuntamiento el que debe asumir esta responsabilidad. Y aquellos que no alcanzan los 20.000, en los que se entiende que son tan pequeños que no pueden mantener una perrera propia. En estos  casos, es la Diputación provincial la que organiza y se responsabiliza del servicio de recogida para los pueblos de menos de 20.000 habitantes de toda la provincia.

 

perro en refugio

 

LEYES DISPARES Y “LA MEJOR OFERTA”

Sabiendo ya de quien depende el servicio de recogida en cada caso pasamos a preguntarnos, qué deben tener en cuenta cuando se contratan estos servicios. Para responder correctamente esta pregunta hay que conocer que:

En España no tenemos una ley de protección animal para todo el país, porque las competencias sobre los animales domésticos están atribuidas a las CC.AA (Comunidades Autónomas), quienes dictan sus propias leyes sobre la materia. Así, en España hay 17 leyes, con contenidos completamente distintos en cuestiones tan importantes como por ejemplo el plazo de eutanasia desde el momento de la recogida del animal, que en la Rioja es de 8 días frente a los 10 en Andalucía y los 20 dias en Castilla y León.

La mayor parte de las leyes autonómicas no recogen una preferencia en la adjudicación del servicio a favor de asociaciones de protección animal. Los pliegos de condiciones que establecen una mayor puntuación a favor de este tipo de asociaciones son escasos, siendo el económico el factor decisivo en la puntuación final. En éste sentido la Ley autonómica más completa es la de Cataluña, que otorga preferencia a las asociaciones y prohíbe expresamente el sacrificio de animales recogidos en las instalaciones y en los núcleos zoológicos en general.

En resumen la determinación del adjudicatario, a quién se otorga el servicio, se hace puntuando las instalaciones, si tiene servicio veterinario, o según la experiencia previa; pero la mayor puntuación se obtiene de la oferta económica realizada por unidad de animal doméstico recogido, cantidad que incluye tanto los gastos de desplazamiento como el mantenimiento del animal durante el plazo establecido. Por lógica, una menor oferta económica conlleva una peor asistencia al animal tanto en términos alimenticios como de servicios mínimos que se le puedan proporcionar. Por sorprendente que parezca, haber sido condenado o estar investigado por maltrato animal, no impide ser adjudicatario de uno de éstos servicios.

 

Los servicios de recogida de animales se adjudican en su mayoría a favor de:

1º) Una gran empresa que tiene atribuida la limpieza, basuras, y a veces el vertedero municipal. En el contrato de servicios se introduce la gestión de la perrera y la recogida de los animales abandonados del término municipal. En estos casos es imposible saber qué parte de la cuantía mensual abonada por los ayuntamientos es la destinada a la perrera municipal dentro del montante total. Por lo general los trabajadores llevan a cabo indistintamente diversos trabajos y no están destinados en exclusiva al mantenimiento de los animales recogidos, además los operarios suelen carecer de la formación necesaria para trabajar con animales.

Las relaciones entre las asociaciones de protección animal y este tipo de empresas suelen ser correctas y estar más abiertas a la colaboración. Las instalaciones donde ubican a los animales son de carácter municipal, con lo que las instituciones también tienen responsabilidad en que los animales estén correctamente atendidos y tengan un horario de atención al público.

 

2º)  Residencias caninas propiedad de entidades privadas. Son cada vez más los propietarios de residencias caninas que solicitan prestar servicios de recogida de animales. Estos adjudicatarios no suelen ser controlados por la institución pública de la que dependen. Por lo general, no tienen obligación de dejar entrar a particulares o a voluntarios para que puedan conocer el estado de los animales ni, por ejemplo, hacer fotos para fomentar su adopción, o de avisar a asociaciones cuando proceden a sacrificar a un animal, ni justificar por qué se lleva a cabo; dándose por bueno, sólo con su palabra, que el animal era agresivo o estaba gravemente enfermo por lo que se procede a su sacrificio a los pocos días de su recogida.

La falta de seguimiento de su trabajo por parte de las instituciones ha dado lugar a denuncias y quejas por parte de las asociaciones protectoras frente a los adjudicatarios. Estos enfrentamientos han finalizado con vetos a los voluntarios de las asociaciones críticas con la gestión, lo que a su vez deriva en una mayor falta de control y transparencia de lo que se hace dentro de las residencias caninas con los animales recogidos.

 

               

 LA RECOGIDA DE ANIMALES  COMO NEGOCIO LUCRATIVO

¿Es un negocio lucrativo la recogida de animales abandonados?

Decididamente sí, son una fuente de ingresos constante, barata, si ya se tienen instalaciones, y que se lleva a cabo sin apenas supervisión. Hay que tener en cuenta que, sobre papel, se establece un presupuesto global anual para el servicio (que generalmente ronda los 60.000 euros/año), es decir la cantidad total que la institución de turno va a gastar en la recogida de animales. Pero, la realidad es que, si el número de animales recogido es mayor al previsto, se aumenta el presupuesto y puede llegarse a pagar el doble de la cuantía inicial prevista en el pliego con el fin de no paralizar el servicio por falta de pago.                             

Además, los adjudicatarios consiguen ingresos extra derivados de la recogida y que, según la imaginación y picaresca de cada adjudicatario pueden ser también abundantes y sobre todo incontrolables (no se emiten facturas y se consienten desde la institución). Estos pueden ser desde cobrar una “tasa” al dueño que ha perdido su perro y que recogido trata de recuperarlo, a cobrar por los días de estancia en la perrera o exigir cantidades al alza en caso de “adopción” (¿o mejor llamarlo venta encubierta?), incluyendo precios excesivos por la puesta de vaunas, el chip o el desparasitado. Esta es solo una visión global de todo lo que conlleva ser adjudicatario de un servicio público de recogida y explica el interés de muchos en recoger animales con la mayor rapidez posible, incluso provenientes de particulares que encuentran una forma fácil de deshacerse del animal que ya no quieren, siendo el destino de la mayoría el hacinamiento y la eutanasia.

Para ejemplificar el interés y las presiones de la empresa privada que hay por conseguir ser adjudicatario de éstos servicios de recogida, siempre nos acordamos de la Ley de protección de animales de compañía de Castilla y León, que contenía la preferencia por las protectoras de animales en la atribución del servicio de recogida. Esta preferencia se eliminó en el año 2009 por la Ley de impulso de actividades de servicios, modificando el artículo 18.2 de la Ley de protección de animales domésticos.

Esta modificación legal demuestra que las instituciones públicas no siempre velan por el interés del animal, sino que buscan un servicio rápido, que no demande ayuda o pida mejoras en las instalaciones o denuncie que las cantidades son insuficientes para atender correctamente los animales recogidos, como las protectoras. Las asociaciones de defensa animal, no son consideradas buenas adjudicatarias, prefiriéndose las opciones cómodas, como entidades privadas, ya sean empresas o un particulares, que por lo general tienen residencias caninas que destinan a centro de recogida.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el decreto de la Diputación de Salamanca que regulaba el servicio de recogida de perros abandonados en la provincia por considerar que en los pliegos del concurso «no se atiende el bienestar animal. La Asociación El Hocico, recurrió el concurso público, puesto que éste solo puntuaba el precio más bajo y el menor tiempo de recogida, mientras que no se atendía el sacrificio cero, las condiciones de las instalaciones, o que se les pusiese un chip identificativo. Según la sentencia, pionera y que esperemos sea tenida en cuenta en el futuro, el Decreto de la Diputación no precisa cómo han de ser las instalaciones para que se consideren adecuadas ni se contemplan aspectos como el fomento de la adopción,  identificación del animal y su propietario, aspectos que la Administración debe perfilar respondiendo al modelo de bienestar social de los animales que la sociedad y la legislación ahora exigen”. La sentencia concluye quese deben tener en cuenta los problemas que genera la protección de los animales abandonados, respondiendo a la demanda social de una atención humanitaria de los animales en desamparo”.

 

FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA

¿Qué cantidad de nuestros impuestos se destina a los servicios de recogida?

El destino de fondos públicos por parte de las administraciones para los servicios de recogida es muy dispar, desde el Ayuntamiento de Soto del Real que gasta 12.000 € / año, lo que supone un 1,41 € por habitante o el Ayuntamiento de Badajoz que invierte 33.924 €, lo que significa 0,43 € por habitante, o el Ayuntamiento de Gijón 81.668 €/ año, unos 0,36 € por habitante, o el Ayuntamiento de Oviedo 282.355,59 € / año,  1,28 € por habitante, o la Diputación de Palencia 30.250 €, lo que resulta en 0,35 € por habitante. Por  comunidades Castilla y León y Extremadura, destinan al servicio de recogida de animales por año y por habitante una media de 0,6 € en nueve capitales de provincia y municipios menores y en las Diputaciones Provinciales la media es de 0,01 € por habitante.

Estás inversiones de las administraciones públicas en muchos supuestos, no en todos,  no abarcan las necesidades que se derivan de una eficaz protección y futura adopción de los animales abandonados, estando además poco controladas, y apoyando en ocasiones gestiones que carecen de transparencia en la ejecución de éstos servicios. A pesar de la vigente Ley de transparencia, destacamos la complejidad y dificultad de obtener información en las web de administraciones locales, municipales y autonómicas del territorio español en torno a este tema.

 

Autoras: Rebeca Huertos Domingo y Elena Garzón Saiz

Fuentes: Boletines Oficiales de la Comunidades Autónomas citadas. Ordenanzas municipales y  Convenios públicos de recogida de animales abandonados de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales citadas. Web de las entidades públicas

 

Si te gusta nuestro contenido, por favor, valora el suscribirte a nuestra newsletter y/o hacer una donación para ayudarnos a continuar con el canal y terminar el documental YO GALGO
 

#}